Acuerdos y construcción de paz en Colombia: retos a la gobernabilidad y la cultura de paz

  • Adolfo Adrián Álvarez-Rodríguez Universidad del Valle. Cali, Colombia

Resumen

Artículo editorial

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Biografía del Autor

Adolfo Adrián Álvarez-Rodríguez, Universidad del Valle. Cali, Colombia

Economista de la Universidad del Valle. Experto en Gestión de paz y conflictos de la Universidad de Granada, Profesor Titular de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle, Director de la Sede Norte del Cauca de la Universidad y Director del Programa Institucional de Paz de la Universidad del Valle

Publicado
2017-11-03
Como citar
ÁLVAREZ-RODRÍGUEZ, Adolfo Adrián. Acuerdos y construcción de paz en Colombia: retos a la gobernabilidad y la cultura de paz. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, [S.l.], n. 24, p. 13-45, nov. 2017. ISSN 2389-993X. Disponible en: <http://sociedadyeconomia.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/5872>. Fecha de acceso: 11 dic. 2018 doi: https://doi.org/10.25100/prts.v0i24.5872.

1. Introducción

Colombia vive un momento histórico en el que se ha avanzado en medio de una amplia movilización social, no exenta de incertidumbres agudas y a veces virulentas polémicas, hacia el cierre del conflicto armado más prolongado del hemisferio occidental. En efecto, luego de cerca de cuatro años de negociaciones públicas entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (iniciadas el 18 de octubre de 2012, en Oslo -Noruega), se firmó el pasado 24 de noviembre de 2016, el “Acuerdo Final para la terminación del Conflicto y la Construcción de una paz estable y duradera”, en el teatro Colón en Bogotá (Alto Comisionado para la paz, 2016). Se trata del Acuerdo surgido luego del Plebiscito del 2 de octubre de 2016, luego de que el NO a la aprobación del Acuerdo inicialmente firmado en La Habana, el 24 de agosto de 2016, superara al SI, por un estrecho margen (0,04%), lo que obligó a su revisión y modificación en varios puntos, manteniendo el espíritu del Acuerdo inicial y también respondiendo a la exigencia ciudadana de no dar marcha atrás. El nuevo Acuerdo fue refrendado por el Congreso de la República en noviembre 30 de 2016, y a partir de ese momento y por un espacio de seis meses prorrogables, sus puntos constitutivos serían sometidos a estudio y aprobación por el Congreso de la República a través de la metodología del Fast Track, declarada exequible por la Corte Constitucional en diciembre 13 de 2016.

A pesar del pronunciamiento de la Corte y de la aprobación del Acuerdo por mayoría en el Congreso de la República, durante todos estos meses, el cuestionamiento sobre la legitimidad de los Acuerdos ha continuado, particularmente de un sector de quienes promovieron la NO aprobación. Para los propósitos de la presente introducción, básicamente se trata de reconocer que los Acuerdos son un hecho jurídico y político, en tanto la Corte Constitucional mediante pronunciamiento C-630 del 11 de octubre acaba de declarar exequible el Acto Legislativo 02 de 2017 que lo aprobó, indicando la obligatoriedad del cumplimiento de los Acuerdos, por parte del Estado Colombiano y al menos de los próximos tres gobiernos1; no obstante esto, no se han eliminado los factores de incertidumbre y riesgo político e institucional a los que nos referiremos en el texto.

Su desarrollo es un proceso complejo por la amplitud y diversidad de asuntos que conforman los seis puntos de los Acuerdos: 1. Reforma rural integral, 2. Participación política, 3. Fin del Conflicto, 4.Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo| sobre las víctimas del conflicto, 6. Implementación, verificación y refrendación2 y también por los contextos, los actores y los tiempos para hacerlos posibles y efectivos.

En este artículo básicamente quiero referirme a los retos fundamentales que tiene su desarrollo y en general la construcción de la paz, categoría que viene siendo usada crecientemente en el debate público y la reflexión en ámbitos variados, y que más concretamente viene siendo asumida por las Universidades y académicos como objeto de investigación/intervención.

2. Una fase de transición y la construcción de paz como tarea de largo plazo

Para comenzar, en esta primera fase -posterior a la firma de los Acuerdos y al proceso jurídico-político reseñado antes- se han producido eventos contundentes: el respeto al cese bilateral, la dejación de armas por las FARC y el cumplimiento de puntos centrales por parte de los actores para darle curso a este punto clave e igualmente al relacionado con el cierre del ciclo de la política con armas, por parte del actor insurgente y su conversión en un movimiento político, constituido en un nuevo partido político (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), con su inscripción ante el CNE el pasado 20 de Septiembre de 2017, en la que reitera que su constitución se da en el marco del Acuerdo de paz y acogiéndose al Artículo 107 de la Constitución Nacional que establece el “derecho de los ciudadanos a fundar y organizar, partidos y movimientos políticos”, y que estos se “organizarán democráticamente”, y con el reconocimiento como partido político por el CNE este 31 de Octubre por el CNE, con lo cual puede iniciar su acción política en el marco de las reglas existentes y participar con todas las garantías legales en las elecciones de 2018.

Está en marcha el proceso en una fase y en un contexto de decisiones y debate político, vinculado a la elección de un nuevo Gobierno y Congreso, fase que algunos prefieren denominar postacuerdos y otros, postconflicto. Según Ulloa y Coronado (2016) “el término posconflicto se asocia con una etapa de estabilización política en la cual se prioriza un proceso de construcción de paz en el cual se busca contener los efectos directos de la guerra y mejorar la gobernabilidad del Estado y sus instituciones”. Agregaría que el concepto de postconflicto quiere enfatizar el período sucesivo al cierre de este macroconflicto, con impactos diversos en la vida nacional, la degradación alcanzada, expresada en: los cerca de 8 millones de víctimas, en la afectación tejido social y organizativo de las comunidades, de la institucionalidad, la vida política y la gobernabilidad democrática3. Postacuerdos en el entendido de que con los Acuerdos no se elimina ni desaparecen los conflictos y, por el contrario, se prevé la expresión de la conflictividad social. En ese sentido en concordancia con la idea de la transformación del conflicto, se plantea como conceptos que trascienden esa discusión: “la construcción de paz e implementación de los Acuerdos” (Barreto, 2015, p. 23).

En efecto, no sólo el Estado Colombiano y los próximos tres gobiernos -hasta el año 2030, al menos, pero también la sociedad y las comunidades, estamos abocados a la puesta en marcha de los Acuerdos y más en general a la construcción de la paz, como idea fuerza movilizadora y proyecto colectivo. Debe recordarse que la sociedad colombiana ha acumulado experiencias de construcción de paz en medio de la confrontación armada4, se trata ahora de amplificar y multiplicar esa creatividad, cuando la movilización y el empoderamiento pacifista tendrán un nuevo contexto político e institucional. La superación del “conflicto armado”, debe darle paso a que los conflictos políticos (derivados de la disputa por: proyectos, ideas, propuestas, recursos de poder) sean dirimidos por vías democráticas y conforme a las reglas de participación y alternación política; incluyendo en primer lugar la existencia de fuerzas de oposición y alternativas a las dominantes y en segundo lugar la expresión clara de los conflictos sociales y su transformación también por los instrumentos democráticos y las herramientas del estado social de derecho, que debe ser simultáneamente medio y fin. Pero, sobre todo, a que la energía colectiva se aplique en forma efectiva a la superación de las problemáticas históricas en la base de este macroconflicto, que permanecieron e incluso en cierto sentido se amplificaron durante buena parte del mismo: pobreza, desigualdad, atraso del campo, degradación ambiental, corrupción y débil gobernabilidad democrática. Incluso debería permitir que alternativas democráticas (social demócratas o de izquierda democrática) sean una opción de poder, al quitarle piso a la asociación de esas propuestas con el proyecto de la insurgencia armada, del cual ha estado distante en enfoques filosóficos, métodos y estrategias.

Ahora bien, el asunto son los tiempos y condiciones que pueden asegurar un proceso de transición viable y de construcción de paz cada vez con más profundidad. En este sentido parece pertinente identificar el tipo de transición que está en juego. En efecto tomando la clasificación planteada por Carlos J. Herrera (2009), a partir de O´Donell, “se trata de un tipo de transición en la cual se busca superar un prolongado conflicto armado interno, sin que esto signifique un cambio de régimen político o de tipo de estado (denominado primer tipo de transiciones), pero que igualmente no elimina y, al contrario, supone diversos cambios en las relaciones y métodos de lucha política, en las políticas públicas y en los imaginarios y comportamientos culturales, de los actores y el conjunto de la sociedad”. No obstante, el alcance de estos cambios va a depender en gran medida de procesos y dinámicas políticas, que se darán con ocasión, pero no sólo, de la puesta en marcha de los Acuerdos, y más en general de la sacudida, que por cierto es general, de la vida política nacional, asunto que le da especial relevancia, al momento político en curso.

Frente al punto de la transición Ávila y Castro (2015, pp. 8-9), indican la existencia de cuatro fases en el proceso:

La primera que va del período de la negociación a la firma del Acuerdo e implica un momento de alistamiento. La segunda de Refrendación, que conforme el autor implica el desarrollo de una pedagogía para la paz, orientada específicamente al logro de un amplio respaldo y obviamente a su refrendación. Tercera fase -en la que deben materializarse victorias tempranas- no se trataría en ella de que se realicen las transformaciones, pero sí las condiciones que las prefiguran, abarca el primer año y demanda conforme al autor una prevalencia de “acción comunicativa”; en la que es fundamental el fortalecimiento de redes de confianza. La cuarta de consolidación, que abarcaría un período de diez años e implica se sobreentiende el desarrollo de los acuerdos, especialmente en el nivel territorial y un Plan de Normalización.

Desde otra perspectiva, en un interesante trabajo del CINEP sobre Estrategias para la Construcción de paz territorial en Colombia (González, Guzmán y Barrera, 2015, p. 13), para pensar “intervenciones graduales”, en dirección a la “construcción de paz estable y duradera”, se plantean dos fases: “la fase de implementación de lo pacta en una perspectiva de corto plazo, seguida de la fase de postconflicto y construcción de paz territorial, que muchas veces va más allá de los temas de los acuerdos pues implica una visión de mediano y largo plazo”. En síntesis, a partir de este planteamiento parece fundamental entender esta dinámica como un proceso gradual y complejo, y que requiere realmente nuevas miradas y enfoques no sólo en el análisis, sino en su materialización.

Parece, por lo tanto, importante ubicar el proceso en la perspectiva de una transición que será más o menos larga y que más allá del horizonte de diez años planteado en los mismos Acuerdos puede abarcar un período más amplio, dependiendo precisamente del despegue inicial y del gradual desarrollo y consolidación de esa perspectiva o también de las dificultades y obstáculos. En efecto, estos no son exclusivos del caso colombiano, estarán presentes y cobraran fuerza en la fase de consolidación, por razones asociadas al propio conflicto, al proceso de la negociación y a la complejidad de factores que tocan los Acuerdos. En este sentido no es fácil prever su duración, en tanto que sobre la misma están operando en forma decisiva intereses y tiempos políticos e institucionales.

De aquí se deriva el tema de los retos, en correspondencia con esas etapas y momentos y que requieren también poner en discusión, como ya se dijo, las miradas y el enfoque del análisis; en este sentido la propuesta es asumirlos epistemológicamente en una doble perspectiva: de paz imperfecta y de complejidad, ubicadas ambas como parte del “giro epistemológico” hacia la paz (frente a la perspectiva convencional del conflicto y la guerra).

La idea del giro epistemológico, en relación con las investigaciones y los estudios de la paz, que es el campo en el que proponemos ubicar el análisis, fue planteada en modo reiterativo por Francisco Muñoz (q.e.p.d) fundador del Instituto para la Paz y los conflictos de la Universidad de Granada, orientada a promover una “innovación epistemológica” y “dotarnos de nuevos instrumentos de interpretación” (Muñoz, Herrera, Molina y Sánchez, 2005, p. 104) que, además, implica una mirada desde la complejidad5 y superar las aproximaciones reduccionistas y simplificadoras propios de la guerra y la formación de las mentalidades políticas (Giraldo, 2015, pp. 139-170). Esto implica “cambiar la manera de razonar”6 y de comprender las potencialidades de las paz -en tanto concepto polisémico- paz negativa (superación de la violencia física y de la guerra), paz positiva (superación de la violencia estructural), paz cultural (superación de la violencia cultural), de género etc. Que incluye la idea de “paz imperfecta” como proceso múltiple de avance en las diferentes paces, por tanto: “abierta”, inacabada, procesual, en permanente construcción, y con una perspectiva que busca la transformación positiva y “optimista basada en el conocimiento intelectual y científico de nuestras experiencias históricas” (Muñoz y Bolaños, 2011, p. 422).

Pensar los Acuerdos y el proceso de construcción de paz, desde la paz imperfecta, permite relativizar y también situar en las justas proporciones cada paso, cada aspecto acordado encontrando en él, no sólo los cambios, las limitaciones y permanencias, sino también las potencialidades para construir nuevas relaciones. No partimos de cero y ya hay un debate en curso y hemos comenzado con más fuerza y decisión desde la propia Universidad del Valle, con gran tradición en los estudios de la violencia y el conflicto, a plantear y trabajar en esa perspectiva7 a la que precisamente se espera aporten también los trabajos y estudios presentados en este y otros números de la Revista Prospectiva, de la Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la Universidad del Valle. En desarrollo de esa perspectiva enunciamos en forma sintética algunos de los que consideramos retos fundamentales de la transición y esta primera fase del postconflicto colombiano.

3. Retos fundamentales

Primer reto: credibilidad, legitimidad y gobernabilidad para la paz

El primer reto y asunto clave de la transición tiene que ver con la credibilidad y la legitimidad del proceso y de los acuerdos, y como parte de ésta la construcción de confianza, en primer lugar, entre los actores directos (Gobierno y Guerrilla) y en segundo, entre estos y la variedad de actores que gravitan en torno a su desarrollo (Instancias estatales, partidos políticos, opositores, comunidades, ciudadanía y comunidad internacional).

En relación con este punto desde la Universidad del Valle, realizamos durante el año 2016 un sondeo de opinión orientado a identificar las actitudes ciudadanas frente a la negociación, la paz y las perspectivas de reconciliación, y en los cuatro sondeos realizados se evidenció un relativo apoyo a la negociación política como vía de superación del conflicto armado, con las mayores porcentajes de aprobación en el Valle - Cali y Palmira y en algunas regiones golpeadas por el conflicto, con diferencias regionales como Buenaventura, con un alto apoyo, y Norte del Cauca donde la proporción de personas que lo apoyan llegó sólo al 55 % (Molina, Álvarez, Cadavid, 2016).

El ejercicio tuvo réplicas en otras regiones por parte de algunas universidades e indicó las diferencias de los casos territorialmente, señalando no sólo la lectura distante, sino también la probable relación con los impactos del conflicto y el hecho de que en algunas regiones a la fecha no se habían dado procesos reflexivos, de perdón y de reconciliación, de tal forma que el apoyo a la solución política, no alcanzaba el alto nivel, por ejemplo del Valle del Cauca.

A pesar del apoyo a la negociación como salida política al conflicto armado, los sondeos evidenciaron elevada desconfianza hacia las FARC - con porcentajes entre el 60% y el 70% de los encuestados- que manifestaban baja confianza, en aspectos claves como la disposición a: “reparar las víctimas”, “contribuir a la verdad”, “ayudar a reducir el narcotráfico”.

En el último sondeo se preveía el resultado de la votación del plebiscito, especialmente por las diferencias tan grandes en algunas regiones, a favor del NO, como Antioquia y la zona cafetera y en el oriente (precisamente una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado). Pero como se mostraba en el sondeo la mayoría (60%) realmente no conocía el contenido de los acuerdos, esto a pesar de que, como en el proceso de la negociación y particularmente en el proceso del plebiscito, se produjo tal vez uno de los debates más amplios e interesantes sobre un asunto de interés público, en este caso relacionado con los contenidos de los Acuerdos inicialmente firmados en La Habana. No obstante, esto lo que predominó fue “Un gran movimiento de pasiones, especialmente en quienes estaban por el No, que, como se supo posteriormente por boca del gerente de la campaña del No, uno de los propósitos explícitos fue hacer que la gente se emberracara y como lo dijo otro de sus líderes, había que dejar de discutir y analizar los benditos acuerdos” (Semana, 2016). En ese movimiento de pasiones y de opinión fue determinante el uso de las redes sociales, que especialmente desde los opositores incluyó una calculada campaña de ataque con base en ideas simples y efectistas, sobre los acuerdos: “la entrega del poder al castro-chavismo”, “imposición de la ideología de género”, “la JEP es la paz con impunidad”,

Como gran paradoja, muchas de las víctimas parecen más dispuestas a aceptar el acuerdo y la reconciliación (RPP Noticias, 2016)8, que un amplio sector de ciudadanos, que ha tomado posturas y construido una imagen del conflicto, sus actores y los acuerdos desde la información de los medios específicamente; éstos, en la fase de negociación, desarrollaron líneas editoriales “no neutrales”, sino con una fuerte carga ideológica (López, 2015), indicando en forma predominante como único actor y responsable a la insurgencia, reduciendo o poniendo en un plano secundario a otros actores (Actores estatales - especialmente de las Fuerzas Armadas- , el paramilitarismo y la red de apoyo y de intereses configurados). De allí que, a pesar del paso dado por el Gobierno y las FARC para superar la confrontación armada, amplios sectores, que aceptan que la negociación política es el camino para superar el conflicto, no reconocen ni valoran en toda su dimensión el paso ya recorrido (Acuerdos, cese bilateral, silenciamiento de fusiles y dejación de armas, desmovilización de casi 10.000 insurgentes) así como la necesidad de darles pleno desarrollo.

De otra parte, simultáneamente, el gobierno Santos que invirtió su capital político en la negociación, por razones diversas, ha llegado a esta fase, desgastado y con una muy baja credibilidad y apoyo en la opinión pública y, lo peor, con tensiones y problemas en su base de apoyo político, la coalición de gobierno -la Unidad Nacional9- en el inicio de la campaña presidencial, que tendrá su fase decisoria entre el primero y el segundo trimestre del 2018. En este sentido y sin pretender aquí un balance sobre los aspectos sustantivos de los Acuerdos (Tierra, sustitución de cultivos, la JEP, participación política), en gran medida como indican diferentes ejercicios, además de las demoras en la presentación de los proyectos de ley al Congreso por parte del gobierno, su trámite ha sido lento y ha encontrado la oposición principal del Centro Democrático del ex presidente Uribe -líder del NO a los Acuerdos- y más recientemente, de Cambio Radical, especialmente para aprobar la Ley reglamentaria de la Justicia Especial de paz y la propuesta de Reforma Política, junto con la debilidad y desarticulación de la Unidad Nacional10. A puertas de terminar la legislatura y el fast track, los proyectos sustantivos están frenados y sólo un liderazgo fuerte desde el ejecutivo, incluido el recurso a sus propias atribuciones, despejaría el camino reglamentario que requieren los diferentes puntos del Acuerdo, en proceso de desarrollo. En caso contrario, se entrará en una fase en la cual todo quedará atado al curso de la campaña política de 2018.

El asunto es que, un conflicto cuyo origen o factor genético principal fue la política terminó contribuyendo con otros procesos simultáneos (clientelismo y corrupción, problemática de representación y legitimidad de las formaciones políticas) a la despolitización de la sociedad colombiana, generando no sólo confusión, desorientación y polarización, pero sobre todo conservatización de amplios sectores populares y medios, cuya lectura del conflicto y la guerra precisamente está dominada por las construcciones mediáticas y por una mirada simple del conflicto y la guerra (los malos y los buenos). A partir de la cual muchos consideran los Acuerdos, un premio a los “bandidos”, de allí que en las redes hubiera circulado el mensaje “ser pillo paga”, comparando con el programa que premia a los mejores estudiantes de los estratos populares “Ser pilo paga”.

Esto se relaciona con otra paradoja: la guerra y su continuidad se convirtieron, en los últimos veinte años, en el centro de la política; en efecto, varias coyunturas de cambio político-electoral tuvieron como punto determinante, decidir por la guerra o por la paz11, en tanto sectores muy amplios de la población se mueven de acuerdo a la oferta de “seguridad” y reducción de la violencia (sumando en un solo haz las diversas, complejas y a veces entrelazadas diferentes violencias)12. Además, en el actual momento y contexto político Colombiano hay asuntos relevantes que están generando gran preocupación y a veces indignación en la opinión pública por casos de corrupción: Odebrecht, en las altas Cortes, y en diferentes Departamentos y entidades públicas; o la continuada crisis en la prestación y el modelo de salud. En la campaña electoral del año 2018 cobrará importancia la postura frente a los Acuerdos, que puede llegar a ser determinante en el curso del debate político. En efecto, ya no será “hacer trizas los Acuerdos”, dado el pronunciamiento de la Corte Constitucional del pasado 11 de octubre, que obliga al cumplimiento al menos a los siguientes tres gobiernos, sino, como ya lo están señalando representantes de la oposición de derecha, se buscará: “ajustarlos” o impedir que el “castro-chavismo” se tome el poder”. Tal vez entonces la política girará no en torno a la continuidad de la guerra, sino al real alcance del Acuerdo de paz y su construcción como proceso político.

En síntesis, volviendo sobre el asunto de la legitimidad y credibilidad y la baja confianza hacia los actores centrales, han contribuido a la baja credibilidad factores complejos que operan en esta dirección, desde el manejo dado por el Gobierno, una oposición que recurre a todas las estrategias para deslegitimar el Acuerdo y el poder de facto de quienes del lado del establecimiento se beneficiaron del conflicto -incluso negándolo- y que siguen cuestionando puntos nodales en el propio origen, como por ejemplo el tratamiento al problema de la tierra13. En definitiva sigue pesando la dificultad de un consenso y un relato común sobre el origen, sus actores y principales beneficiarios. Como ya se indicó la degradación del conflicto, con todo el dolor y daño producido, lanzó a una parte de la opinión pública a apoyar las interpretaciones más conservadoras del mismo. En este sentido, un factor adicional, para entender esa dificultad, es que los actos simbólicos de verdad y reparación por parte de las FARC, fueron y han sido aún insuficientes, siendo incluso los de otros actores aún menores, pero en tanto es sobre aquellas, que se ha centrado la movilización de expresiones de odio, no han logrado mover en forma profunda los sentimientos y las percepciones de amplios sectores ciudadanos14. No obstante, debe señalarse el gran esfuerzo del lado de las víctimas de todos los actores del conflicto y también de la FARC y otros actores directos para generar procesos de perdón y reconciliación, como los ejercicios de reconciliación ya realizados por líderes de las antiguas FARC, con jefes paramilitares, y también con militares y familiares de víctimas15.

No se puede ignorar que ha habido en este último año, precisamente en la fase decisiva que requiere victorias tempranas, una importante movilización de sentimientos, que culminaron probablemente con la visita del papa Francisco, en este mes de Septiembre de 201716. Pero el ciclo no se ha cerrado y, seguramente en la fase electoral que se inicia en estos meses, se asistirá a una exacerbación del debate, en la que nuevamente se buscará la movilización de pasiones y sentimientos, a partir del uso de la información o de verdades a medias, o como se dice ahora de “postverdades”, como expresión de posturas ideológicas y medias verdades. (Gómez, H., 2017)

Por tanto, tienen una responsabilidad especial los propios actores más directamente implicados, el Gobierno de un lado, con acciones efectivas para el pleno desarrollo de los Acuerdos y, de otro, la nueva fuerza política (FARC) especialmente contribuyendo, con una visión más autocrítica de sus propias responsabilidades y con cambio de tono y perspectiva, especialmente a los procesos de verdad, el perdón y la reconciliación. El problema realmente es de naturaleza política en razón del desgaste político del Gobierno Santos y la FARC, el primero ya en su fase de cierre, con bajos niveles de aceptación en la opinión pública y con una política errática en aspectos sociales; y las FARC, que a pesar de que se han comportado en general coherentemente y tuvieron el valor y la inteligencia política de avanzar en este Acuerdo de paz, en lo que muchos eran escépticos de que se lograra, su nivel de aceptación es aún bajo y la desconfianza en amplios sectores en aspectos que hacen parte del núcleo de los Acuerdos, es alta (desligarse de la violencia, reparación a las víctimas, ayudar a superar el narcotráfico y contribuir plenamente a la verdad). Se trata de valoraciones que no es fácil cambiar en un plazo tan breve y en un contexto en el que las dificultades y problemas en la aplicación, reproducen el debate sobre el sentido de los Acuerdos y su coherencia17. Todo lo anterior puede ser leído como una “gran crisis” del Acuerdo -como ya se reitera de todos los lados- o también como parte de tensiones y problemas -no justificables- pero que hacen parte esencialmente de la problemática de la Gobernabilidad para la paz, a la que nos referiremos en el siguiente reto, y de tensiones amplificadas por un proceso que amenaza estructuras y “órdenes” establecidos por la guerra. Entonces el asunto, más que el porcentaje de cumplimiento, es si los actores centrales siguen aplicados en medio de las resistencias expresas y de las inercias políticas institucionales a sacar adelante los Acuerdos, su contenido y sus propósitos. También si el movimiento ciudadano y social por la paz, no sólo presiona, exige y se moviliza por el cumplimiento, sino también el mismo aporta para remover los obstáculos, y a la creación de hechos de paz, en todo el territorio y los niveles del proceso.

Lo anterior no niega que existan amenazas a la sostenibilidad política del Acuerdo, pero el tema es de la lectura y las implicaciones para la acción y la necesidad de persistir en acompañar el proceso y en consolidar logros por pequeños que sean y trazar un camino que no repita ni los errores ni el triunfalismo de los pacifistas previo al plebiscito de Octubre, en la fase electoral abierta para este 2018, con la elección de nuevo Congreso y nuevo Gobierno (poder ejecutivo), y que se extenderá hasta el 2019 con la elección de autoridades municipales y departamentales.

En este sentido la legitimidad y la credibilidad están asociadas no sólo al contenido de los acuerdos -que pueden ser racional y políticamente justificados- sino a la forma de comunicarlos y explicarlos a la ciudadanía y de tejer consensos para su plena aplicación y cumplimiento, y a la construcción de pequeños hechos y pasos de paz, de los actores directos e indirectos. Se requiere romper la lógica de un debate puramente ideológico, entre pacifistas y guerreristas, haciendo énfasis en hechos de paz, en la valoración de los logros por relativos que parezcan, y la motivación a una reflexión más profunda que conecte la consolidación del camino de las Acuerdos, con la superación de dramas endémicos como la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la degradación ambiental, el debilitamiento de las instituciones y la permanencia de otras violencias y formas de criminalidad como el narcotráfico. Esto dependerá también en buena parte del debate y las decisiones políticas en la próxima coyuntura política del 2018, en la que tienen responsabilidad y relevancia todos los actores políticos, los movimientos sociales y en general la ciudadanía.

En este sentido es relevante el proceso de conversión de las FARC, de movimiento armado a un movimiento político legal, que expresa la confirmación de su voluntad no sólo de hacer la política sin armas, sino dentro de las instituciones, como una nueva fuerza que de una parte podría contribuir a darle nuevos aires a la política, pero que también puede ser afectada por el desgaste que tiene la política en el país. En efecto, solo brevemente y para indicar factores que tienen incidencia en el tema en discusión, parece importante en primer lugar, el significado de la propuesta y el perfil de esta nueva formación en la que se perciben, por un lado posturas ortodoxas propias de una izquierda tradicional, como se evidencia en la mayor parte de las 61 tesis que se presentaron para la creación de este movimiento18. También se evidencian posturas y planteamientos que buscan conectarse con el ciudadano medio y con sectores descreídos de la política, incluidos los de la izquierda. Este punto es relevante, especialmente, porque las posturas ortodoxas no sólo lo convertirán en un blanco fácil en el debate político (por ejemplo por “representar el castro-chavismo” o el “socialismo del siglo XXI” con sus limitaciones), sino porque no garantizan que motiven y atraigan a amplios sectores de las clases medias y populares.

De hecho, ya hay en la arena política expresiones políticas de la izquierda ortodoxa y la pregunta obvia es si la nueva formación pretende competir con esas fuerzas (¿o tal vez unirse a ellas?). Por tanto, el asunto es si podrá y cómo responder al reto de hacer efectiva su apuesta de conectarse con el ciudadano “común”. Si bien el Acuerdo establece un cupo definido en Congreso y Cámara (de cinco representantes en cada cuerpo, logren o no la votación mínima), para esta nueva fuerza, su sostenibilidad dependerá de la forma como aborden la campaña y la capacidad de romper con esquemas y discursos tradicionales de la política de la izquierda ortodoxa colombiana.

En este sentido, un primer avance no suficientemente valorado es la aprobación del Estatuto de la Oposición, que requiere como complemento la reforma de la política planteada19 como parte de los Acuerdos, que posibilite a esta nueva fuerza de oposición y a otras, existir y competir en mejores condiciones con las fuerzas dominantes; pero especialmente que corte el cordón umbilical entre política, criminalidad, corrupción y violencia, combinando sanción política, legal y moral. No obstante, es necesario entender que no basta la reforma política, sino el contenido, el enfoque y las formas de la política que propongan las nuevas fuerzas políticas surgidas del Acuerdo20. Finalmente, en la transición son importantes las garantías de participación y reintegración de la insurgencia, a través pero no sólo de las 10 curules (cinco en senado y cinco en cámara) en los próximos ocho años y las circunscripciones especiales de representación de las comunidades y las poblaciones golpeadas por el conflicto.

Además, afianzar el espacio político, no sólo en Cámara y Senado, sino también a nivel territorial (alcaldías y gobernaciones), parece fundamental en la propia sostenibilidad del Acuerdo y su defensa como herramienta de apertura e inclusión política. Precisamente, en el estudio realizado el año pasado por la Universidad del Valle, de percepciones ciudadanas, una mayoría, en el Valle del Cauca, cercana al 54% no estaba de acuerdo, con puntos altos de rechazo en Cartago, cerca del 60%, e incluso en Buenaventura del 59%; en cambio en Palmira cerca del 49% apoyaban esa posibilidad. A pesar de este no apoyo, al preguntársele a las personas si votaría por representantes de las FARC a los concejos, asamblea, cámara y senado, proporciones entre 17% y 23%se mostraban de acuerdo, lo que implicaría que esta nueva fuerza puede llegar a tener representación en estos cuerpos, dependiendo claramente de la forma como planteen su participación en la campaña y sean capaces de romper con lugares comunes y las posturas ortodoxas.

Dicho esto, parece fundamental el desarrollo de la campaña electoral que renueve el poder ejecutivo y legislativo en el 2018 y el poder local en el 2019, y como ya hemos dicho, siendo este el principal factor de incertidumbre respecto del pleno cumplimiento y desarrollo de los Acuerdos, es al mismo tiempo el escenario central para aclarar y despejar el camino, si bien como mostraré más adelante, el asunto tiene lógicas diferentes a nivel nacional que en lo local.

Como corolario de este primer reto, las Universidades y los académicos tenemos una tarea relevante aportando a un debate informado, documentado, que no elimine la reflexión crítica sobre los propios acuerdos y el proceso, su significado para la superación de algunos de los problemas que le dieron origen, pero así mismo para alimentar una visión más constructiva, pluralista, y compleja del proceso, que motive a la acción frente a la “desesperanza” y la “cizaña”, estimulada por todos los lados.

Segundo reto: hacer efectivo el proceso de reintegración de excombatientes

El otro reto se ubica en el campo que los estudios denominan el desarrollo exitoso de las DDR (Desmovilización, Desarme y Reintegración), pero que conforme cada contexto y proceso tiene especificidades (Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración-ODDR, 2011)21. En esencia, se trata de retos importantes y cuyo avance como se ha mostrado ha sido positivo, especialmente respecto a la desmovilización y la dejación de armas, conforme lo señalan la mayor parte de los informes evaluativos. El punto más complejo se refiere a la reintegración que hasta ahora depende en primer lugar de la repuesta pública y, en segundo lugar, del actor en el proceso y su disposición y capacidad de mantener la cohesión en las filas de desmovilizados y de tejer una red de apoyo desde lo local y regional, especialmente en este primer año.

Básicamente se trata de contar con y poner en juego capacidades de respuesta política e institucional efectiva para el proceso de reincorporación de los miembros de la antigua guerrilla de las FARC, y en un futuro de los miembros del ELN, eso para garantizar el cierre del ciclo de violencia y evitar el retorno de parte de los excombatientes a cualquier expresión armada o de la criminalidad. Se trata de riesgos y tensiones evidentes, relacionada con la tendencia no sólo a la formación de disidencias, sino a que se presente desbandada de desmovilizados y sean cooptados por actores de las diversas violencias presentes en los territorios22. Asunto relevante para la reafirmación del proceso, en tanto la continuidad de otras violencias impedirá que las comunidades y zonas tradicionalmente golpeadas por la guerra no disfruten al menos de la aclimatación de la “paz negativa”, los territorios, continúen de facto bajo el control de actores violentos, y se alimente la hipótesis de fracaso del proceso y de los Acuerdos.

En efecto, en este aspecto se ponen de presente los problemas de la Gobernabilidad y la Gobernanza para la paz -que desarrollamos más adelante- en tanto requiere de una parte una respuesta rápida, en particular para consolidar el Estado de Derecho en esas regiones, el monopolio de la fuerza y capacidad de control y sometimiento de actores violentos en el territorio, pero también el desarrollo simultáneamente de programas e iniciativas de desarrollo institucional, social y económico, relacionadas precisamente con las otras “paces” y en lo fundamental, con la vigencia del Estado social de derecho y el desarrollo de la llamada “paz territorial”.

Relacionado con este reto son relevantes las acciones y las “victorias tempranas”: programas de trabajo dirigido a las comunidades y las víctimas y a los propios desmovilizados y a las Zonas en las cuales se han operado los procesos primero de concentración, de desmovilización y ahora, de reincorporación. Aquí, si bien la responsabilidad principal está en el Gobierno y las instituciones del Estado, en sus diferentes niveles, también los actores sociales (universidades, empresarios y comunidades) tienen la posibilidad de aportar y contribuir desde sus acciones misionales a acompañar y fortalecer las dinámicas de reintegración y de reconstrucción de relaciones, de tejido social y de procesos de reconocimiento, de reparación y de convivencia. Específicamente, apoyando procesos de desarrollo en las zonas más golpeadas por el conflicto, en el acompañamiento a víctimas, el cumplimiento de los programas de reparación y en la reincorporación de excombatientes (tanto de las guerrillas, como de las Fuerzas Armadas y los paramilitares) en todo el territorio y particularmente, en las regiones donde se operó el proceso de concentración y dejación23, verificado en las Zonas Veredales, ya transformadas a partir de que se ha completado todo el proceso de dejación, monitoreado por Naciones Unidas, en Zonas de Reincoporación y educación24.

Tercer reto: avanzar en el proceso de la verdad, la reconciliación y la no repetición

Se trata de un reto central, en tanto se ha definido como una de las diferencias de este proceso y los Acuerdos, centrado en las víctimas, lo cual exige garantizar verdad, reparación y no repetición y cuyo punto de llegada es la reconciliación, condición para asegurar la sostenibilidad de la paz y la no repetición, como ha sucedido en diversas experiencias internacionales. En realidad la preocupación por las víctimas, viene de atrás y de alguna forma, no sólo es objeto del Acuerdo, sino una de las fuerzas que lo incentivaron25. Junto con las acciones institucionales en marcha y de las expresiones del movimiento social de las víctimas, se trata de una movilización cultural, espiritual e intelectual, que ha estimulado y justificado el cierre de este macroconflicto. Como ya hemos señalado, supone hechos de paz y de reconciliación, por todas las partes: la desmovilizada guerrilla, el ejército, el gobierno, las víctimas, los partidos, las extremas que alimentaron la confrontación. Pero es un reto complejo porque están implicados procesos en escalas diversas (instituciones, comunidades, grupos, familias y personas) y como ya se señaló, implica mover sobre todo los corazones y los sentimientos y esto, como se ha repetido, requiere el compromiso de los actores directos, y también el desarrollo de las instituciones y procesos que hagan posible ese proceso, relacionados con la Justicia transicional, como parte integral de los Acuerdos.

El primer paso se relaciona con los ejercicios que ya se han venido dando, en los que víctimas y victimarios se han encontrado en ambientes que ponen en movimiento precisamente los sentimientos o también entre actores directos; y que se requiere que se multipliquen en todo el territorio nacional y, especialmente, allí donde dejó la estela de víctimas y dolor.

En segundo lugar, el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz, y todo el sistema de justicia restaurativa del Acuerdo está concebido como un elemento y escenario clave en cuanto a garantizar la verdad, la reparación y la no repetición cuya base ya fue aprobada mediante el Acto Legislativo N° 1 del 4 de Abril de 201726. Probablemente por la discusión ya iniciada, en primer lugar sobre la selección de los magistrados y en segundo lugar, la aprobación de la ley estatutaria, que definirá el real alcance y la operatividad de la JEP, en discusión aún en el Congreso, se trata de un escenario que requiere una conducción y un funcionamiento no sólo transparente, sino que logre también contribuir a la reconciliación. El asunto en juego es la disponibilidad de quienes sean objetos de la JEP a aportar con sinceridad a la construcción de la verdad y a correr con el costo moral y político que ella pueda implicar. En efecto, la “verdad”, como componente básico de la reconciliación conlleva a un proceso, de reconocimiento de hechos, de dinámicas que a veces se sobreponen a los propios sujetos, y especialmente de reconocimiento y visibilización de las víctimas. Igualmente de reconocimiento de responsabilidades, que debe permitir que cada actor -que los responsables- pueda aportar a un proceso de reconciliación que sólo puede resultar de la verdad y las verdades que se van enlazando, y del perdón y los “perdones”. Probablemente este es el punto más complejo por cuanto no será fácil que todos los actores implicados en este conflicto en forma directa y activa contribuyan en forma efectiva a una verdad, aun cuando sea parcial. En efecto, hay un punto muy complejo y tiene que ver con el grado en que la verdad afecta y toca en forma amplia, profunda, no sólo a la guerrilla, sino a sectores del Estado y del establecimiento, que con su oposición sistemática a la JEP, justificada en argumentos jurídicos, relacionados con que “sobrepasa el orden constitucional”, de fondo expresan no sólo el temor, sino la poca disposición a reconocer algún grado de responsabilidad y aportar a la verdad por parcial que sea, a trasegar el camino de la reconciliación e incluso a formas de sanción, o de reparación moral, y al compromiso público colectivo por la no repetición.

Claramente se trata de un asunto que está vinculado a la operación efectiva de tribunales y de todo el entramado de la JEP que abarcará un lapso, de al menos diez años, pero cuyo arranque probable en el 2018 será decisivo para que ella sea verdaderamente una herramienta de la verdad, la reparación, la no repetición y la reconciliación. No obstante, hay otras piezas como la Comisión de la verdad y la creación de la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, un drama poco reconocido por la opinión pública.

En este sentido y en clave de “paz imperfecta”, parece necesario que los instrumentos sean asumidos principalmente como espacios que permitan procesos de construcción de una narrativa a múltiples voces, de los cuales muchos esperan sobre todo las condenas27 - que aparecerán como condición de esta justicia-, pero que ayuden especialmente a procesos individuales y colectivos de reconocimiento, visibilización del dolor y los dramas humanos producidos y dejados por la confrontación, especialmente en los millones de víctimas, pero también en muchos que fueron simultáneamente victimarios y víctimas y que tocan a todos los lados; de esta forma sirvan a la sanación y perdón y a una especie de catarsis individual y colectiva que nos permita “pasar esa página”, que hoy muchos dicen “nunca debió pasar”28 y en la cual en forma directa o indirecta todos hemos estado implicados como actores activos, pasivos o expectantes.

En relación con este punto, de igual forma las Universidades y Académicos tendrán un papel relevante, de un lado en los procesos de recuperación de la memoria, sobre los que ya hay un amplio trabajo de la mano del Centro de Memoria Histórica y en las Universidades, en sus trabajos de investigación e intervención, para contribuir a esa catarsis de reparación y en cierto sentido de sanación colectiva, a través de metodologías respetuosas, en primer lugar de las víctimas pero también de comprensión y de humanización de todos los que han intervenido en este conflicto.

Cuarto reto: La gobernabilidad y la gobernanza para la paz

El desarrollo del proceso está íntimamente vinculado con las condiciones de Gobernabilidad democrática entendida como: “conjunto de relaciones entre el estado, la sociedad política y la sociedad civil que permiten a las sociedades modernas consolidar condiciones y procesos institucionales, políticos y sociales para enfrentar sus principales conflictos y retos de desarrollo integral, en forma sostenible, basados ampliamente en los principios, valores e instituciones democráticos” (Álvarez, 2010). Más específicamente, de la Gobernabilidad para la paz, que implica: una agenda de paz (en parte representada en los Acuerdos y su ruta de desarrollo), liderazgo y voluntad política efectivas, capacidad institucional para el desarrollo de los Acuerdos, y una amplia participación y movilización social e institucional hacia la paz como propósito común.

En resumen, y comenzando por la conclusión, se puede afirmar que en el actual contexto se presentan o se visualizan dinámicas contradictorias respecto de la gobernabilidad y la gobernanza para la “construcción de paz”.

En primer lugar, a pesar de las diferencias, ya hay una apuesta colectiva mayoritaria a favor de la paz y la superación negociada del conflicto y la guerra, se trata de un propósito común, que es necesario continuar alimentando con hechos positivos. En segundo lugar, la idea de “construcción de paz”, que comienza a moverse desde diferentes espacios y niveles -como lo muestran varios artículos de este número de la Revista-, hace parte de una visión compartida que jalona una amplia movilización colectiva, como base de la Gobernabilidad para la paz. Hay aquí un reto inmenso para el empoderamiento pacifista de los movimientos sociales y ciudadanos de paz, pero igual para el mundo académico, además, claro está, de la responsabilidad de los actores estatales, gubernamentales y políticos.

Pero dicho lo anterior, una de las limitaciones o debilidades, ya puestas de presente, se refiere a la debilidad del consenso político y los problemas de liderazgo y voluntad política que afectan, primero a nivel nacional la aprobación de los puntos sustantivos del Acuerdo y que llama en causa tanto al poder Ejecutivo y principalmente al Congreso, así como las mayorías. Mayorías necesarias para la aprobación y el respaldo político que requiere un proceso de alto calado y que toca diversas dimensiones de la vida institucional, económica, social y política. De allí que la reconfiguración de un gran pacto, para darle continuidad y desarrollar el Acuerdo, parece una pieza fundamental en toda esta fase de “implementación”.

A nivel institucional se evidencian asuntos contradictorios, pues de un lado, Colombia ha venido construyendo una importante infraestructura institucional para la paz en todos estos años y con ocasión de los Acuerdos del año pasado, ya se han dado pasos importantes a través de diversas medidas y otras ya propuestas, aún por desarrollarse, detenidas por los tiempos de la política. Por otra parte, son evidentes los problemas de articulación entre niveles institucionales (ejecutivo y congreso y justicia) y territoriales (nación, departamento y municipios) y en segundo lugar, los problemas de eficiencia en la gestión pública, que determinan que los tiempos y los ritmos, primero de definición de políticas y construcción de programas y luego de ejecución, sean lentos, además de los problemas de transparencia y eficacia, que caracterizan la gestión pública29. El asunto de fondo, como se señala en un importante documento de RINDE (Red de iniciativas para la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo territorial), se requiere asegurar una institucionalidad territorial y colocar en consonancia aspectos diversos, desde retomar realmente el proceso de descentralización, el ordenamiento territorial, el sistema general de participaciones y la democracia local (Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2016), que representan obstáculos estructurales al desarrollo eficaz de programas y en este caso a la efectividad de la “paz territorial”. De esta forma aparece indispensable una reforma que retome los procesos de descentralización y también de ordenamiento y planeación a escala territorial, de la mano de la propuesta de desarrollo territorial y la superación de desequilibrios también en la base o reforzados por el conflicto.

Por lo tanto la gobernanza para la paz tiene que ver con estructuras nacionales y territoriales para la paz y en este sentido son importantes las iniciativas que desde algunas Gobernaciones, por ejemplo, Valle del Cauca, Cauca, y Nariño, o en diversos municipios de estos de se vienen desarrollando, incorporando a los procesos de planeación y en los planes de desarrollo dimensiones de los Acuerdos y en general líneas de acción relacionada con la aplicación de la perspectiva de la construcción de la paz territorial. En particular en el Valle del Cauca, nuestra región, ya se ha traducido en una iniciativa liderada desde la Gobernación y la Secretaría de Paz territorial, creada en el año 2016, que ha conducido a definir un Modelo de Gestión Territorial de paz, que viene orientando diversas acciones, partiendo de un detallado análisis de los municipios más afectados por el conflicto y la necesidad de estrategias de desarrollo integral en la perspectiva de los Acuerdos30.

Se requiere, por tanto, conectar la Gobernabilidad con la idea fuerza de “la paz territorial”, como proceso complejo que permita el empoderamiento pacifista a nivel institucional, político y cultural, y como proceso sistémico que vaya de lo nacional a lo regional y lo local, de lo colectivo a lo individual y viceversa y de ampliación de las manifestaciones positivas de la paz imperfecta.

En particular, respecto de los Acuerdos se derivan compromisos e iniciativas de carácter general y que implican especialmente al Estado Nacional, pero en diversos sentidos en ellos se expresan y presentan acciones, programas y procesos, cuyo desarrollo está en buena parte vinculado con la Gobernabilidad local o territorial y también con la capacidad de articulación con las políticas y estrategias nacionales, y con la perspectiva de la Paz territorial. Esta, conforme a la Oficina del Alto comisionado es un enfoque de política pública que se inspira en tres elementos fundamentales: en primer lugar, nuevas reglas de juego, instituciones que garanticen los derechos de los colombianos en todo el territorio; en segundo lugar, dinámica social y ciudadana, esto es, la promoción de una amplia participación y movilización ciudadana teniendo como instancia de coordinación básica la puesta en marcha de consejos de planeación participativa de abajo hacia arriba; y, en tercer lugar, una nueva alianza entre el Estado y las comunidades (Jaramillo, 2014).

La Gobernabilidad territorial para la paz implica que los actores de la misma desarrollan estrategias y un visón convergente respecto de los retos que plantea el contexto y el contenido de los Acuerdos, y en general el reto de transformación de los territorios, en dirección a construir las diversas paces. Incluye por lo tanto las agendas locales y territoriales alineadas con esta perspectiva, los liderazgos y voluntad políticas efectivas, la transformación de la institucionalidad en clave de consolidación y construcción de la paz, y también una gran movilización social y ciudadana, como la que de hecho ya se viene dando en diversas regiones, recuperando el camino del movimiento ciudadano de paz, basado en la no violencia31.

Quinto reto: fortalecimiento de la cultura de paz

La construcción de la paz y la puesta en marcha de los Acuerdos, conforme lo señalado atrás, como proceso múltiple y complejo, demanda y sólo será posible con la más amplia movilización social e institucional, y uno de cuyos sustentos y fundamentos es la cultura y la educación para la paz, relacionadas con valores, actitudes, conceptos, praxis y también disposiciones éticas y psicosociales, orientadas a deconstruir la violencia, en sus diferentes formas: directa, estructural, cultural, de género e interpersonal y, simultáneamente, aportar a la construcción de las diversas paces: negativas, positivas, culturales, imperfectas, transracionales (Dietrich, Álvarez, Esteva, Ingruber, Koppensteiner y Echavarría, 2011).

Este reto es igualmente complejo porque, como se ha evidenciado en el proceso actual, desde el inicio de las negociaciones y especialmente en la fase de debate de los Acuerdos y de la realización del plebiscito en torno a su aprobación, se reveló la prevalencia de valores, nociones y actitudes contrarios o, en todo caso, distantes no sólo de la cultura de paz, sino de valores ciudadanos y democráticos que han fundamentado el orden establecido en la Constitución de 1991, relacionados precisamente con el reconocimiento y respeto de la diversidad, el pluralismo, la equidad y la paz32. Julián de Zubiría señaló que el triunfo del NO en el plebiscito expresaba el fracaso del sistema educativo colombiano, que no logra transformar las formas de pensar, convivir y comunicarse de los colombianos. “En el país donde solo tres de cada mil personas saben leer de manera crítica, no se mueve por las ideas, sino por las emociones primarias como el miedo, la ira o la venganza” (Semana, 2016).

Esto hace parte de una dimensión cultural, que muchos niegan y se resisten a reconocer en la base del propio conflicto armado y las violencias, y que ha marcado la historia política, probablemente resultante de formas autoritarias y excluyentes que, entre otras cosas, heredamos de la centenaria Constitución de 1886, pero que aún perviven en nuestra cultura viva y que han contribuido a que se repita una y otra vez, de diferente forma el ciclo de la violencia directa, pero también que prospere la violencia cultural y que tengamos una sociedad poco solidaria en la perspectiva de no aceptar las desigualdades. En realidad, esos valores que discutimos guardan íntima relación con la cultura política.

Ahora bien, hay relativo consenso respecto de los objetivos y propósitos de la cultura de paz y el papel que debe jugar la educación (Molina y Muñoz, 2004), cuyo punto de partida es la conexión entre la cultura y la educación para la paz, de una parte, y la educación para los derechos humanos, la democracia y la ciudadanía, por otra. Esto en tanto hay una amplia convergencia y conexión entre la vigencia de una sociedad que reconoce y práctica el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática (estado de derecho y estado social de derecho), con una sociedad con capacidad de convivir y vivir productivamente los conflictos, conforme lo indicara Estanislao Zuleta y, por tanto de transformarlos por métodos democráticos. En este sentido se plantean como finalidades de la cultura y educación para la paz:

Fomento en todos los individuos, del sentido de los valores universales y los tipos de comportamiento en que se basa una cultura de paz (respeto por la dignidad, la solidaridad, no violencia, respeto al medio ambiente) (García, 1998, p. 376).

Fomento de la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan responder a sus retos... incluyendo la preparación para la autonomía y la responsabilidad individuales (Escola de cultura de pau, 2001, p. 6).

Desarrollar la capacidad de reconocer y aceptar los valores que existen en la diversidad de los individuos, los sexos, los pueblos y las culturas y desarrollar la capacidad de comunicar, compartir y cooperar con los demás... en una sociedad pluralista y multicultural… (Ávila, 2015)

Precisamente en muchos casos, cuando se habla de educación para la paz se enfatizan los decálogos de valores. Pero falta más discusión sobre las estrategias pedagógicas y las didácticas para construir capacidades de comunicación, reflexión, desarrollo del juicio moral, la empatía (de allí por ejemplo, la prevalencia de fenómenos como el bullying o acoso escolar y diversas formas de exclusión y violencia desde los propios ambientes educativos)

La educación y las estrategias de formación para la paz, están vinculadas necesariamente a los propios conceptos de paz, que ya hemos señalado en el texto y que demandan desde los proyectos, estrategias y pedagogías la formación en valores, hábitos y competencias que permitan superar o reducir el recurso a la violencia directa en todos los ámbitos (macro, medio y micro), en los conflictos (políticos, sociales, interpresonales) y su tramitación a través de otras formas (legales, negociadas, concertadas, con apoyo de otros), y el reconocimiento del otro y la eliminación de toda forma de exclusión y discriminación (social, económica, de género, étnica o territorial). Esto incluye una actitud solidaria, generosa, altruista y, en general, no violenta.

Por esta razón, especialmente en esta fase que confronta los valores y actitudes dominantes, la educación y la cultura para la paz tiene un reto profundo para mover como diría Zuleta (1995) sentimientos profundos y atávicos, propiciando cambios que lleven a un margen de credibilidad en el otro como contradictor, en disposición a entablar una nueva relación y una nueva forma de asumir las diferencias. En este aspecto serán claves los cambios que desde el lenguaje disminuyan la confrontación, expresen una dosis de autocrítica, de reconocimiento del otro, y que obviamente, desde las acciones de los actores directamente implicados y del resto construyan convivencia y reconciliación.

El asunto complejo es que la cultura de paz, como parte de la cultura política, es movida por actores y procesos múltiples y complejos: los líderes, las familias, las comunidades, los medios de comunicación, las iglesias y los púlpitos y ahora las redes sociales y casi por último, las instituciones educativas.

Nos corresponde a los educadores y formadores, y en general a los universitarios e intelectuales, contribuir desde distintos espacios a remover sentimientos, posturas y valores que han alimentado el círculo de violencias y exclusión y de odio, pero también en positivo a construir relaciones, valores, ideas y sentimientos a favor de la reconciliación, el reconocimiento y la discusión respetuosa de todos los puntos de vista y en general el ejercicio de una ciudadanía responsable y comprometida con la justicia, la democracia, la no violencia y la paz, como asuntos íntimamente vinculados. Como base de la propia idea de ciudadanía. También en este sentido necesitamos un giro en nuestros propios discursos, en la forma de comunicarnos y de dialogar con el conjunto de la sociedad. En los proyectos formativos, en los currículos y las pedagogías que se desarrollan en los propios claustros universitarios y educativos en general, asunto que va más allá de la necesaria Cátedra de paz33.

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Diversos sectores intelectuales y políticos, incluida la FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), han insistido en que el Acuerdo Colombiano de paz, tiene la connotación de un Acuerdo especial en el marco del DIH y por tanto, sería de obligatorio cumplimiento por el Estado Colombiano, como se estableció en el Artículo 4, del Acto Legislativo de Julio 7 de 2016. Artículo derogado expresamente por el artículo 2 del Acto Legislativo 02 de 2017, derogación declarada exequible por la Corte Constitucional. No obstante, el pronunciamiento de la Corte implica que: “el Acuerdo no ha sido integrado a la Constitución ni al bloque de constitucionalidad, y tampoco será un acuerdo especial de los previstos en el artículo 3 de los Convenios de Ginebra” Hernández, G. (2017). Casi simultáneamente, Iván Márquez informó recientemente que elevó ante el CICR en Suiza una consulta sobre el alcance de los Acuerdos firmados (Cisivi- Farc, 2 de octubre).
El Instituto Kroc que ha realizado el seguimiento a 35 acuerdos de paz, 36 con el Colombiano, en el cual aplicando la PAM (Peace Accord Matrix) , ha identificado 18 temas, 74 subtemas, 558 disposiciones, que deberán ser verificadas. (Entrevista con Juan Pablo Lederach Cartagena Taller SUE, febrero 2017). Los Informes de esta entidad van dirigidos a la Comisión de Seguimiento y Verificación, (CISIVI) conformada por dos notables internacionales, tres representantes del Gobierno y tres de la FARC, para que las partes realicen o promuevan las acciones requeridas para el pleno cumplimiento, conforme los cronogramas acordados. Hay otros ejercicios de seguimiento, como el que realiza la MOE en Alianza con la Fundación Ciudad Abierta y la Pastoral Social, que ha producido para el primer año cuatro interesantes informes desde la perspectiva territorial; la Fundación Paz y Reconciliación realiza un seguimiento a los puntos incluyendo los temas territoriales; entre el seguimiento de los medios se destaca el realizado por el diario El Espectador.
La literatura sobre los impactos del conflicto es diversa y muy rica, en la que se expresa igualmente enfoques y concepciones sobre el propio conflicto. Como mejor ejemplo y ejercicio reciente de estas miradas y la dificultad de un relato común, si bien con más consensos sobre los impactos, se puede referenciar el texto de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2016), Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, Ediciones Desde Abajo, en el cual la diferencia de enfoques se hace evidente en los doce trabajos y especialmente en las dos relatorías del ejercicio, que expresan dos matrices conceptuales encontradas (de un lado, una lectura desde el marxismo más ortodoxo –Víctor M. Moncayo– y de otro, una lectura desde el pluralismo y la complejidad de los estudios políticos, de Eduardo Pizarro León Gómez). El artículo de Daniel Pecaut, de este Informe: “Una lucha armada al servicio del statu quo social y político” a partir de un recorrido sobre el significado de la violencia política, en buena parte del siglo XX, muestra la paradoja del efecto perverso de la lucha armada, al contribuir precisamente a mantener el status quo político y social. Hay otros textos emblemáticos, como “El conflicto, callejón con salida”. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia-2003 de PNUD. (2003); el informe “Basta ya”, del Grupo de Memoria Histórica (2013), entre muchos otros, que han abundado en la descripción e interpretación de este prolongado y macro-conflicto, que precisamente este Acuerdos de Paz, se propuso cerrar o transformar por vía pacífica, de allí el concepto de postconflicto (que no de postconflictos...)
Iniciativas diversas recogen ese dinamismo, resumidas por ejemplo en programas del PNUD sobre construcción de paz, o también la experiencia de los Programas de Desarrollo y Paz, apoyados por la Unión Europea y otras muchas promovidas desde entes territoriales y también entidades nacionales, ONGs (Indepaz, Viva la Ciudadanía, Foro, ) y por diversos movimientos ciudadanos, como la “Ruta Pacifica de Mujeres” .
Más allá de si se trata de un enfoque o un paradigma, esta mirada propuesta por Morín en general para el pensamiento científico y las ciencias sociales y humanas, fue incorporada como elemento central de los estudios de paz entre otros por Francisco Muñoz, quien llega a señalar las dificultades de que sea asumido plenamente, en tanto: “cualquier intento tendrá una dosis de reduccionismo por nuestras propias limitaciones comprensivas y epistemológicas…” (Muñoz y Molina, 2009, p. 41).
Muñoz y Jiménez (2013). Módulo Fundamentos de los estudios para la paz y los conflictos (Curso de Expertos en Gestión de Paz y los Conflictos. Cali, abril 1 de 2013).
La Editorial del colega Víctor Mario Estrada. Intolerancia Ideológica y política: la paz en su laberinto, del pasado número 22 de Prospectiva de 2016), trata en forma amplia el asunto y hace parte del proceso desarrollado a partir de la discusión con Francisco Muñoz y Juan M. Jiménez, en el contexto del Curso de Expertos en Paz y conflictos, de la Universidad de Granada, realizado en el año 2013.
Como lo transmitió la Agencia RPP Noticias: con llantos y abrazos entre víctimas y victimarios, se vivió el último viernes en La Chinita, una empobrecida barriada del noroeste de Colombia, el pedido de perdón de la guerrilla FARC por la masacre que hace 22 años dejó allí 35 muertos. Repetido en otros escenarios relativamente publicitados (por la masacre de Bojayá y por el asesinato de los Diputados del Valle).
Conformada desde la primera elección de Santos en el 2010, por los partidos de la U, liberal, conservador y cambio radical, que durante los dos períodos hicieron mayoría en Cámara y Senado y aprobaron la firma de los Acuerdos y en la primera fase entre finales de 2016 y comienzos del 2017, no sin contradicciones le dieron curso a los Actos legislativos que requirió su aprobación.
El cuarto informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), establece que: “El proceso de implementación solo alcanza un 18%, con una característica especifica: el estado actual tiene que ver más con los puntos de dejación de armas y la conversión de las Farc en partido político, y en menor proporción con los temas de reforma política, y los puntos referidos a derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto”. El Espectador Octubre 2 -2017.
Prácticamente desde la negociación entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC, en 1982, que condujo a los llamados Acuerdos de la Uribe, esa propensión fue en crecimiento, en la medida que el conflicto crecía en impactos, llegando a un punto alto primero, en los Acuerdos de 1989/90, (con el M-19., el PRT, El Quintín Lame y la Corriente de Renovación Socialista). El más “alto” con las elecciones que llevaron a Andrés Pastrana (la foto de Pastrana y Marulanda, en mayo de 1998) a la presidencia y que terminó en el estruendoso fracaso del Caguan. La victoria de Uribe en 2002, fue con la bandera de la derrota a la guerrilla y el terrorismo y también el siguiente período y de esto no queda excluido la primera e incluso la segunda elección de Santos en el 2014. Solo que en este último período el péndulo de la opinión pública apostó claramente a darle una posibilidad a la paz.
El tema no sólo se plantea respecto de las elecciones nacionales de presidente, sino en las elecciones a las alcaldías, donde en muchos casos el tema de seguridad, criminalidad y violencias aparece como una de las problemáticas que más preocupan a los ciudadanos.
Por ejemplo, el punto de la Reforma Rural Integral, que incluye la formación del Fondo de Tierras (3 millones de hectáreas, los Planes Nacionales para la reforma rural integral y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (en 16 regiones y 170 municipios), que está en línea con las recomendaciones de la Misión Rural del 2015, algunos de los temas que tienen que ver con la recuperación de tierras, la extinción de dominio y la aplicación de principio constitucional ya existente de expropiación por vía administrativa, son vistos por algunos sectores políticos y gremiales como amenazas a la propiedad privada.
No es fácil pasar la página de un conflicto degradado, que dejó una estela de víctimas en todos los lados, y en ese sentido, los dirigentes de las FARC se movieron con mucha lentitud y tardíamente para reconocer su responsabilidad, por ejemplo, sólo un día antes del plebiscito en Octubre de 2016 hicieron explícita la voluntad de reparar a sus víctimas y, si bien varios de sus líderes han pasado a expresiones ponderadas e incluso algunas veces a reflexiones autocríticas, no han logrado convencer a la gran mayoría de la sinceridad de su postura y compromiso pleno con la paz, contra lo cual operan incluso su propia decisión de mantener la sigla de FARC. Esto último parece realmente contradictorio con la ruptura que han hecho con la guerra y la lucha armada, que implica igual reconocer sin ambages, no sólo “errores” propios de un guerra irregular, sino las afectaciones sobre personas, grupos, poblaciones y diversos territorios; lo que es lo mismo, la realización de una autocrítica profunda, ausente en el país de parte de la mayor parte de responsables de los dramas nacionales y que podría realmente mostrar la profundidad y el alcance del paso que han dado y también un tono diferente respecto de otros responsables.
Véase noticia: El Tiempo. (24 de julio 2017). La histórica cumbre de paz entre las Farc y “exparas”. Recuperado de http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/las-farc-y-las-auc-se-sentaron-a-hablar-de-paz-111702.
Allí quedaron una estela de frases, por ejemplo la relativa a quienes siembran la cizaña, o también la de “no se dejen quitar la esperanza”,
Por ejemplo, de un lado se enfatiza: el asunto de las “disidencias” y el “copamiento de zonas antes bajo control de las antiguas FARC por estructuras criminales, o la expansión de las áreas de cultivos de coca en las áreas que antes controlaban e incluso la existencia de “colados” en la lista entregada por las FARC; que la JEP se está montando para juzgar a los terceros. Por otra parte, y como hechos verificados, está el asesinato de líderes sociales y activistas en las zonas y regiones donde se desarrollan procesos de organización o movilización relacionados con el Acuerdo; la lentitud en el programa de sustitución voluntaria. A pesar de los esfuerzos, las Autoridades y la Fuerza Pública, no han logrado el control territorial, ni la vigencia efectiva del Estado de derecho en territorios, donde su precariedad ha sido un factor de expansión de la criminalidad, la violencia y la impunidad.
Véase: FARC-EP. (2017). Por un partido para construir la paz y la perspectiva democrático-popular.
Reforma que no sólo ha sido recortada en los alcances, sino que está en peligro de naufragar, expresando la dificultad de tener un consenso entre las propias fuerzas políticas dominantes, para transformar las reglas y la calidad de la política en Colombia.
Obviamente, la primera es la propia FARC, pero igual se espera que hayan nuevas expresiones, por ejemplo relacionadas con las circunscripciones especiales de paz, pero también ante la eventual reincorporación del Ejército de Liberación Nacional, en proceso de diálogos con el Gobierno Nacional.
Los enunciados convencionales fueron confrontados por las FARC, al indicar que ellos no están en proceso de desmovilización sino de movilización política, ni de desarme, sino de dejación de armas. Reintegración sino de reincorporación. Para facilitar este proceso y darle continuidad a una experiencia importante de la antigua ACR (Agencia Colombiana de Reintegración), y al mismo tiempo atender las observaciones anteriores, el Gobierno mediante Decreto 897 del 29 de mayo de 2017 de la Presidencia de la República, modificó la antigua ACR - Agencia Colombiana para la Reintegración de personas y grupos alzados en armas y la transformó en la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN.
El segundo Informe de la Fundación paz y reconciliación y la Iniciativa Unión por la paz, Cómo va la paz, Segundo Informe de la Iniciativa (Julio de 2017), muestra en forma detallada esas dificultades y en cuadro Síntesis –Semáforo como la va paz, las mayores dificultades se refieren a temas relacionados con la reintegración– página 10. Esto mismo indican el Tercer Informe de la Plataforma MOE-Ciudad Abierta: Efectos Tempranos sobre la democracia durante el proceso de dejación de armas en Colombia, 2017.
Las Zonas Veredales y de concentración, resultaron de un complejo proceso de negociación en la mesa de la Habana, en el que además de factores militares y logísticos intervinieron asuntos políticos y la presión externa de fuerzas preocupadas porque en sus territorios se establecieran este tipo de espacios. De esta manera, zonas históricas de presencia del conflicto y de las antiguas FARC, donde tenían clara influencia quedaron por fuera, como sucedió en el Valle del Cauca: la zona Pacifico (Buenaventura o la parte central de cordillera central – zonas rurales de los municipios de Buga, Tuluá, Pradera, Florida ) y otros en el norte no se incluyeron, pero donde hay sectores comunitarios y campesinos afectados por el conflicto, con iniciativas que demandan el desarrollo de diversas acciones de desarrollo y acompañamiento.
En el ejercicio desarrollado por la Alianza MOE-Ciudad Abierta, con el apoyo de la Pastoral Social y una amplia red de organizaciones de base, en la perspectiva de reconocimiento de saberes de las comunidades y de su participación muestran un conjunto de iniciativas que desde lo local se vienen desarrollando, que confluyen en su propuesta de Zonas de Reconciliación, democracia y paz, p. 28.
A este proceso contribuyó el desarrollo de una amplia movilización en defensa y protección de derechos humanos, que se fueron incluyendo en la normatividad y en funciones de diversas agencias del Estado, siendo el hito más importante la aprobación de la Ley1448 de 2011, más conocida como la Ley de víctimas y restitución de tierras, que fue fundamental para el impulso del proceso.
Como parte del proceso el Comité de Escogencia seleccionó los 51 magistrados, algunos de cuyos nombres han sido cuestionados por la oposición al Acuerdo, al considerar que representan posturas de izquierda, pero también se ha indicado que otros han sido defensores y abogados en procesos de los militares. (El país.com, septiembre 27 de 2011)
Nos referimos a las condenas que prevé la JEP, que implican sanciones a todos los responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y conforme los aportes a la verdad y la reparación habrá penas entre cinco y ocho años, en espacios especiales, no carcelarios. Véase: Alto Comisionado para la paz. (2017). P&R: Sistema Integral, de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición.
Frase repetida ya por dirigentes de las antiguas FARC, en actos de perdón por la masacre en Bojayá y por los Diputados del Valle, asesinados.
Fue conocida la demora y el incumplimiento con la construcción de los espacios de las Zonas Veredales, muchos de los cuales terminada la fase de dejación de armas, ni siquiera llegaron a terminarse.
Véase: Gobernación del Valle del Cauca, Secretaría de Paz Territorial y Reconciliación- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Propuesta para el modelo de gestión territorial para la paz, la reconciliación y la convivencia en el Valle del Cauca. Documento de trabajo, septiembre de 2017. Este proceso ha incluido la conformación de los Concejos Municipales de paz y reconciliación y convivencia, conforme lo estipulado en el Decreto Ley 885 de 28 de Mayo de 2017, que ya se han puesto en marcha en la mayor parte de municipios del Departamento del Valle, como instancias de participación y concertación de agendas de paz.
Especialmente en las zonas donde se ha concentrado la mirada sobre el desarrollo del proceso, como lo señala el Informe de la MOE, Ciudad Abierta, ya reseñado.
Como hecho paradójico, fue con la Constitución de 1991 que se logró avanzar hacia un estado laico y en el reconocimiento del derecho a la diversidad de cultos, muchas de esas iglesias que ganaron espacio para existir, lideraron en forma activa la campaña del NO, con las falacias sobre la ideología de género de los acuerdos, cuando el tema de fondo era la visibilización de las mujeres como víctimas y más golpeadas por el conflicto; incluyó una activa participación en las redes sociales y desde sus púlpitos contra los acuerdos, lejos de presupuestos básicos, reiterados por el papa Francisco, por ejemplo respecto del perdón de “quién soy yo para juzgar” y tantas otras afirmaciones sintéticas, que en cierta forma apuntan en la dirección de la cultura de paz y reconciliación.
Es importante reconocer que la exigencia planteada por la Ley 1732 DE 2014, y el Decreto Reglamentario 1038 de 2015, respecto de la introducción de la Cátedra de Paz, como proyecto transversal, han producido un hecho importante al volver objeto de discusión y debate público, este asunto, que visto en una perspectiva amplia se ubica en el campo de la formación ciudadana, pero también de los asuntos discutidos sobre la cultura de paz. El tema amerita una discusión aparte que la he trabajado en el texto Álvarez A (2016): De la formación ciudadana a la Formación para la paz, PDF, presentado en abril de 2016, en un Seminario sobre la Cátedra de paz, en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez en Cali.